El Gobierno instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a iniciar el procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El reclamo apunta al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, y fija un plazo de dos semanas para que el Reino Unido frene las actividades.
La Argentina abrió un nuevo frente jurídico en la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur. La Oficina del Presidente informó el lunes 28 de septiembre que el Poder Ejecutivo ordenó iniciar el procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Según el Comunicado Oficial número 166, el objetivo declarado es impedir el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion y evitar nuevas autorizaciones para explotar recursos naturales en la Cuenca Malvinas Norte.
Un plazo de dos semanas
El Gobierno argentino informó que intimó formalmente al Reino Unido para que, dentro de un plazo de dos semanas, adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. Si no obtiene una respuesta favorable, anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El anuncio marca el comienzo de un procedimiento jurídico, pero no implica todavía una resolución internacional ni una decisión del tribunal sobre el fondo del reclamo.
Qué sostiene cada parte
La posición argentina se apoya, entre otros antecedentes, en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido; la segunda instó a las partes a evitar decisiones unilaterales mientras continúe la controversia.
El Reino Unido sostiene una posición diferente: reivindica el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas y defiende su capacidad de decidir sobre el desarrollo económico del territorio. Esa postura fue recogida por Associated Press en su cobertura del conflicto.
El proyecto Sea Lion
Sea Lion es un desarrollo petrolero costa afuera impulsado por empresas vinculadas al Reino Unido e Israel. La producción comercial está proyectada para 2028. El avance del proyecto elevó la tensión durante septiembre: el Gobierno argentino también impulsó sanciones y denuncias contra compañías relacionadas con las operaciones y presentó un proyecto para endurecer las consecuencias por actividades no autorizadas en el área en disputa.
La medida anunciada esta semana profundiza esa estrategia. La Argentina sostiene que la explotación unilateral de hidrocarburos afecta sus derechos soberanos sobre la plataforma continental; las autoridades de las islas y el Gobierno británico rechazan ese planteo.
Fuentes
- Comunicado Oficial N.º 166 — Presidencia de la Nación
- Cancillería argentina — medidas vinculadas al proyecto Sea Lion
- Associated Press — contexto y posición británica
