La iniciativa busca ampliar las penalidades contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. También contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno nacional presentó este jueves un proyecto de ley para fortalecer el régimen de sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades de explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina. La iniciativa fue enviada al Congreso y deberá atravesar el debate legislativo antes de convertirse en ley.
El proyecto propone ampliar el alcance del esquema sancionatorio vigente, que ya contempla penalidades para compañías involucradas en actividades hidrocarburíferas en la zona en disputa. El nuevo texto apunta también a accionistas, proveedores y otras firmas relacionadas con esos proyectos.
La presentación se produce después de que el Gobierno iniciara procesos sancionatorios contra decenas de empresas y personas vinculadas con proyectos petroleros en torno de las islas. En los últimos días, además, la Justicia federal impulsó una investigación sobre actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.
Otro de los puntos incorporados en la iniciativa es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por ministros y funcionarios del área de seguridad y defensa, con funciones vinculadas a cuestiones estratégicas y de soberanía.
El Reino Unido mantiene el control efectivo de las islas y sostiene que las actividades económicas desarrolladas bajo licencias de las autoridades locales son legales. Empresas involucradas en proyectos petroleros, como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, también han afirmado que cuentan con autorizaciones válidas de las autoridades de las islas y que prevén continuar con sus operaciones.
La Argentina, por su parte, sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y considera ilegales las actividades de exploración y explotación de recursos realizadas sin autorización nacional.
